21 julio 2011

CORTE DE APELACIONES DE ARICA ACOGE RECURSO DE PROTECCIÓN DE ESTUDIANTE EXPULSADA DE COLEGIO POR CONVOCAR REUNION DE PROTESTA POR FACEBOOK

La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección presentado por una estudiante de Cuarto Año Medio, quien fue expulsada de su colegio por convocar a una reunión de protesta por la red social Facebook.

En fallo unánime (en causa rol 217-2011), el tribunal de alzada acogió la medida cautelar presentada por los padres de Lorena Mussa, a quien se le canceló su matrícula en el Liceo Alemán de Arica.

La joven fue expulsada del establecimiento luego de que hiciera un llamado a una asamblea estudiantil mediante la red social Facebook para dar a conocer antecedentes del proceso de movilización estudiantil.

El fallo asegura que la medida aplicada está tomada por autoridad competente, pero resulta desproporcionada dada la situación particular de la estudiante, la que está a pocos meses de terminar su educación secundaria.

“Sobre el particular, se dejará sentado que, acorde a lo previsto en el artículo 24 del Manual de Convivencia Escolar, la decisión tomada lo fue por la autoridad facultada al efecto, esto es, la representante legal del establecimiento; sin embargo, su proceder, a juicio de esta Corte, ha sido arbitrario, es decir, producto del mero capricho, puesto que la decisión se adoptó, como se ha señalado anteriormente, debido a la actitud que tuvieron la alumna y su madre en la entrevista del día 29 de junio de 2011 con la recurrida (punto 11) del ordinario N° 0181/2011 de fojas 20, a pesar que hace referencia a las conductas anteriores de Lorena Mussa, pero deja muy en claro que la decisión fue en el contexto de la señalada reunión, lo que demuestra más bien una decisión caprichosa y no deliberada, en los términos previstos en el aludido manual, en cuanto al análisis de los informes que allí se mencionan, teniendo especialmente presente la gravedad de la sanción aplicada a una alumna que está por egresar de la educación escolar y el tiempo transcurrido para el término del año, lo que la torna desproporcionada en relación a los hechos que se funda, teniendo presente también que la acciones de la alumna que también se le reprochan fueron en el contexto del movimiento estudiantil por mejorar la calidad de la educación que es de carácter nacional, en relación a la cual se convocaba a una asamblea extraordinaria, y se expresó una opinión que no aparece efectuada con el ánimo de injuriar, respecto de las declaraciones vertidas por el Presidente del Centro de Alumnos del Colegio en una entrevista aparecida en el diario La Estrella de esta ciudad”, dice el fallo.

El tribunal de alzada ariqueño decidó: “Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se declara que SE ACOGE el recurso de protección deducido a fojas 25 y, en consecuencia, se deja sin efecto la decisión de la recurrida de poner término al contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con el recurrente el 29 de diciembre de 2010, en relación a la alumna Lorena Mussa Valenzuela, comunicada formalmente a don Sebastián Mussa Rodríguez por ordinario N° 0181/2011 de 30 de junio de 2011”.

*Fuente: Portal de Poder Judicial de Chile

06 julio 2011

DISCURSO DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA EN CADENA NACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN (05/07/2011)

Queridos compatriotas:

Esta noche quiero hablarles a las familias chilenas de la educación y el futuro de nuestros niños y jóvenes.

En la sociedad del conocimiento y la información, el acceso y calidad de la educación, hacen muchas veces la diferencia entre un mundo de oportunidades y una vida de frustraciones.

La educación de calidad es la cuna de la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Es el más poderoso motor de realización de las personas y progreso de los países. Y es también, una condición esencial para hacer de Chile un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades y seguridades para todos sus hijos.

A pesar de lo mucho que hemos avanzado, incluyendo los gobiernos anteriores, Chile sigue en deuda con la educación de nuestros niños y jóvenes. Tenemos 3 grandes desafíos pendientes: mejorar el acceso, la calidad y el financiamiento de la educación. Estos desafíos están en el corazón de nuestro Gobierno y de nuestra sociedad.

Como Presidente debo abordar los problemas y carencias de nuestro sistema educacional, que se arrastran por décadas, con un sentido de urgencia, realismo y visión de futuro. Esta misión requerirá mucho liderazgo, tiempo, esfuerzo, compromiso y recursos. Pero también exige acuerdos y buena voluntad de todos, como lo logramos, el año pasado, en la Reforma a la Educación Escolar.

Sin duda, juntos estamos avanzando en muchos frentes: completar la reconstrucción de los 4557 establecimientos dañados o destruidos por el terremoto. Aumentar la cobertura y calidad de la educación preescolar, para empezar a igualar oportunidades lo más cerca posible de la cuna. Implementar la Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación. Avanzar hacia la duplicación de la subvención escolar, privilegiando a los sectores más vulnerables y de clase media, a través de la subvención escolar preferencial.

También estamos atrayendo a los mejores estudiantes a las facultades de pedagogía, a través de la beca Vocación de Profesor. En modernizar el estatuto docente, para reconocer, capacitar e incentivar mejor a nuestros profesores. En fortalecer el liderazgo y excelencia de los directores de escuelas y liceos. En comprometer más a los padres y apoderados, entregándoles mejor información de los resultados de la educación de sus hijos. También en motivar y exigir más a los alumnos. En crear 30 nuevos liceos de excelencia, que se sumarán a los 30 ya existentes, y un liceo de excelencia virtual en la web, que servirá de apoyo a alumnos, padres y profesores, a lo largo y ancho de Chile.

Adicionalmente, he dispuesto que el Ministro de Educación, dialogando con todos los actores, fortalezca los liceos técnicos profesionales y la educación pública escolar, para que todos nos sintamos orgullosos de ella, a través de nuevas opciones de administración de los colegios municipales.

Tal como lo señalé el 21 de mayo, llegó el momento de avanzar también, y a paso firme, en la reforma a la Educación Superior.

En las últimas semanas hemos visto marchar y manifestarse a muchos escolares y universitarios por una mejor educación. Los hemos escuchado con mucha atención. Y tienen razón. El Gobierno de Chile y este Presidente comparten en un 100% este objetivo. Pero junto a sus derechos, los estudiantes también tienen deberes: asistir a clases, estudiar, y cuando se manifiesten, hacerlo en forma pacífica, sin violencia ni vandalismo, y respetando los derechos de los demás. Porque por muy masivas que sean las manifestaciones, estoy seguro que la mayoría de los estudiantes quiere estudiar, los adultos trabajar y los chilenos, vivir y progresar en paz.

Ya es tiempo de terminar con las tomas y protestas y recuperar los caminos del diálogo y los acuerdos. Por esta razón, propongo a todas las chilenas y chilenos un Gran Acuerdo Nacional por la Educación: el Acuerdo GANE, cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, acceso y financiamiento de la Educación Superior, para avanzar hacia una Sociedad de Oportunidades y contribuir al sueño de todo padre y madre, cualquiera sea su condición socio-económica, de ver a sus hijos transformarse en buenos ciudadanos y buenos profesionales, sin tener que arruinarse o sobre endeudarse para pagar los aranceles o créditos, o tener que elegir cuál hijo podrá acceder a la Educación Superior y cuál no. No queremos que el sueño de un hijo profesional sea una pesadilla financiera para sus padres o una pesada mochila para los nuevos profesionales.

Para lograr estos objetivos el Gobierno estima indispensable que el Acuerdo GANE contemple la aplicación de las siguientes medidas:

En primer lugar, esta gran misión de mejorar la educación en Chile requiere de un enorme esfuerzo financiero. Por esta razón planteamos la creación de un Fondo para la Educación (FE), por un monto de 4 mil millones de dólares, que represente un verdadero pulmón para la educación, complemente los recursos del presupuesto fiscal y se constituya con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del Gran Acuerdo Nacional por la Educación.

En segundo lugar, mejorar el acceso y calidad del financiamiento a los estudiantes. En palabras simples más becas y créditos más económicos. Para estos efectos el Gobierno plantea: Primero, aumentar de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incremente en un 20% su monto. Segundo, garantizar al 40% de alumnos más vulnerables, y con mérito académico, una beca para acceder a la institución de Educación Superior acreditada que ellos elijan. Tercero, reducir la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado, a cifras cercanas al 4% en un año normal, permitiendo así, a través de mejoras y subsidios del Estado, una rebaja significativa del monto de las cuotas de pago, y una suspensión de éstas en casos de desempleo. Adicionalmente, convocaremos a un grupo de trabajo, para proponer un nuevo sistema que reemplace al actual Crédito con Aval del Estado, por uno más justo y eficaz. Cuarto, rediseñar el Fondo de Crédito Solidario, para potenciar su recuperación y destinar esos recursos a nuevas becas, y reprogramar a los 110 mil deudores morosos, para permitirles reiniciar sus pagos y salir de Dicom.

En tercer lugar, mejorar los sistemas de admisión, acreditación, información y fiscalización del sistema universitario. Para esto postulamos: Primero, considerar el ranking y las notas escolares, además de la PSU, en los sistemas de admisión. Segundo, fortalecer la profundidad y rigurosidad de los sistemas de acreditación, para garantizar mejor la calidad y transparencia. Tercero, establecer un sistema completo, oportuno y confiable de información de las instituciones de Educación Superior a sus alumnos y postulantes, para que éstos tomen decisiones informadas, incluyendo antecedentes académicos y financieros de la institución, y laborales de sus egresados, como empleabilidad y remuneraciones. Cuarto, crear una nueva institucionalidad, a través de la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior. Quinto, establecer un nuevo trato con las universidades del Estado, mediante un estatuto que modernice el gobierno universitario, desburocratice y flexibilice su gestión, permita el endeudamiento a mayores plazos, cree un fondo basal para su revitalización, y refleje de esta forma el sólido compromiso del Estado con las universidades estatales y de éstas con el Estado y la sociedad.

En cuarto lugar, definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario, que diferencie universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales. Adicionalmente, aseguraremos la transparencias total del sistema y abriremos un debate amplio, para analizar la posibilidad de distinguir entre estas últimas, las sin y las con fines de lucro. De acordarse la existencia de estas últimas, ellas deberán pagar impuestos por sus utilidades, los que destinaremos íntegramente al financiamiento de becas y préstamos para los alumnos más vulnerables.

El financiamiento estatal a las universidades hará las diferenciaciones que corresponden entre los distintos tipos de instituciones. El financiamiento estatal a los alumnos deberá ser en función de su mérito y situación socio-económica, permitiéndoles elegir libremente la entidad en que deseen estudiar, y avanzando hacia un sistema sin estudiantes de primera y de segunda clase.

El Gobierno creará 3 fondos concursables, al cual podrán postular las universidades, orientados a mejorar la calidad de la formación de profesores y directores de la educación escolar, a la creación de centros de excelencia en materia de innovación, ciencia y tecnología y a potenciar el aporte de las universidades regionales al desarrollo de sus respectivas regiones.

Hay algunos que abogan por una total estatización de la educación en Chile. Creemos que ello constituye un grave error y daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza. Nuestro Gobierno apoya el concepto de una Sociedad Docente, donde tanto el Estado como la Sociedad Civil puedan participar y aportar, en la noble y valiosa misión de educar a nuestros niños y jóvenes, protegiendo el derecho de ellos y sus familias, a elegir libremente la institución en que quieren estudiar.

He solicitado al Ministro de Educación, con la activa participación y colaboración de todos los sectores, sacar adelante este Acuerdo GANE, el que requerirá un amplio y sólido compromiso de los alumnos en las salas de clases, los profesores en las aulas, los rectores y directores en sus instituciones, los padres y apoderados en sus hogares, los alcaldes en sus comunas, los parlamentarios en el Congreso, y por cierto, del Gobierno y este Presidente en La Moneda.

Este Gran Acuerdo Nacional por la Educación, hará de ella una verdadera fuente generadora de igualdades y oportunidades para todos nuestros niños y jóvenes, que favorezca el desarrollo de los talentos que Dios les dio y les permita una vida más plena y feliz.

Lo dije al comienzo, la batalla por una educación de calidad es la madre de todas las batallas. Es en este campo donde debemos ganar la batalla de las oportunidades, la batalla por la equidad y la batalla del futuro.

Porque no podemos fallarle a nuestros niños y jóvenes, como Presidente de Chile, tomaré todas las medidas y enviaré todos los Proyectos de Ley, que sean necesarios para implementar el Acuerdo GANE. Convoco encarecidamente a todos mis compatriotas a sumarse, con entusiasmo y compromiso, a esta Noble, Urgente y Necesaria Misión, de darles a nuestros niños y jóvenes la educación de calidad que merecen y necesitan.

Muy buenas noches y muchas gracias.

04 julio 2011

En fallo unánime de 29 de Junio de 2011, CORTE SUPREMA CONFIRMÓ SENTENCIA DE LA CORTE DE ARICA QUE ACOGIÓ ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE UNA PROFESORA A LA QUE SE LE DISMINUYERON SUS HORAS DOCENTES CONTRATADAS.*

Se dedujo acción de protección en contra del Director del Departamento de Educación de la Municipalidad de Camarones, por haber comunicado a una funcionaria que a contar del año escolar 2011 se le suprimirían veinticuatro horas como titular de la dotación docente del Liceo de Codpa, manteniéndose sólo vigentes veinte horas.

La actora estima que dicho acto es ilegal y arbitrario por cuanto la adecuación de la dotación docente del año 2011 no había sido aprobada por decreto alcaldicio, la autoridad recurrida carece de facultades para decretar tal supresión de horas, no se ha dictado específicamente un acto de supresión horaria y, finalmente, que la actuación no tiene justificación técnico pedagógica.

La Corte de Apelaciones de Arica acogió la acción constitucional y la Corte Suprema confirmó el fallo en alzada.

El máximo Tribunal -para resolver el asunto- tiene presente que el precepto legal aplicable en la especie es el artículo 77 de la Ley N° 19.070, el cual dispone que los funcionarios –en calidad de titulares- afectados por una supresión de horas, “tendrán derecho a percibir una indemnización parcial proporcional al número de horas que dejen de desempeñar” y en su inciso segundo agrega que “dicha disminución o supresión podrá afectar a diferentes profesionales de la educación que desempeñen horas de la misma asignatura o de un mismo nivel o especialidad de enseñanza y que estén destinados en un mismo o en diferentes establecimientos, cuando ello sea el resultado de las necesidades o requerimientos técnico-pedagógicos, que se hayan expresado en la adecuación de la dotación y se hayan fundamentado en el Plan Anual de Desarrollo Municipal”.

Luego la sentencia razona que si bien es cierto que el precitado inciso segundo fue derogado por la Ley N° 20.501, “igualmente recibe aplicación en el presente caso por encontrarse vigente a la fecha de dictación del acto administrativo impugnado” y que de tal disposición “es posible advertir que la fundamentación de la medida de supresión parcial de horas que afectó a la recurrente debió necesariamente expresarse en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal”. En efecto, “dicho documento carece de tal fundamentación, puesto que únicamente señala que la actora en su calidad de docente de educación física tendrá veinte horas como titular”.

Concluye que “al no explicitar la autoridad recurrida las razones que fundamentarían su actuar”, su decisión se torna ilegal y “afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución”, por cuanto el acto cuestionado produce “una amenaza en el derecho de propiedad de la recurrente sobre las remuneraciones que dejará de percibir”.



* Fuente: Diario Constitucional de Chile