Entre otros aspectos, la iniciativa aprobada el 12 de septiembre por el Congreso Nacional, contempla que el pago del crédito se realice de acuerdo a los ingresos del deudor. Es decir, si éste se encuentra sin trabajo no tendrá que pagar nada y si tiene empleo, las cuotas no podrán superar el 10% de su renta.
La promulgación de esta norma representa un hito en la tramitación de los proyectos de ley que se discuten en el Parlamento para mejorar la calidad y la equidad en el sistema educacional. A esto, se suma la aprobación el 5 de septiembre del proyecto que aumenta las subvenciones del Estado en los establecimientos educacionales, que también se espera sea promulgado próximamente como ley, una vez que el Congreso apruebe las observaciones hechas por el Ejecutivo mediante un veto presidencial, para suprimir dos artículos del texto.
Ambas normativas fueron presentadas por el Poder Ejecutivo el 2011, como parte de las medidas adoptadas por el gobierno para tratar de resolver el conflicto estudiantil que mantuvo a universidades y colegios movilizados durante ocho meses del año pasado.
Sin embargo, no son las únicas iniciativas que el Congreso analiza desde entonces en esta materia. Las comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados han visto recargadas sus agendas con la tramitación de proyectos tanto del Ejecutivo como de los propios parlamentarios.
En marzo de 2012 los senadores Francisco Chahuán, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Eugenio Tuma e Ignacio Walker presentaron una moción para ampliar el plazo que se concedió a los sostenedores de establecimientos educacionales para ajustarse a las exigencias prescritas en la Ley General de Educación (LEGE). Este proyecto fue despachado por el Congreso, pero al ser revisado por el Tribunal Constitucional, éste estimó que la iniciativa era inconstitucional, entre otros aspectos, porque no garantizaba la igualdad ante la ley, ya que diferenciaba entre los sostenedores que sí cumplieron con la norma en el momento preciso y los que no lo hicieron.
Iniciativas parlamentarias
Las movilizaciones estudiantiles del 2011 también dieron pie a una serie de iniciativas de distintos parlamentarios para ayudar a destrabar las negociaciones entre los estudiantes y el gobierno.
Uno de los primeros fue la propuesta presentada el 5 de julio de 2011 por los senadores Camilo Escalona, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José Antonio Gómez, Alejandro Navarro y Fulvio Rossi, para prohibir las denominadas “sociedades espejo” en la educación superior.
La iniciativa cumple su primer trámite en el Senado y específicamente señala como una condicionante para permitir el funcionamiento de las universidades privadas, que éstas no puedan firman contratos financieros o comerciales con otras entidades donde estén involucradas personas con responsabilidades directivas en esas mismas universidades, y también prohíbe que las relaciones contractuales se realicen a través de terceros relacionados.
Otro proyecto que continúa en primer trámite es la moción que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la Educación y que fue presentada el 10 de agosto de 2011 por los senadores Juan Pablo Letelier, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Camilo Escalona y Jaime Quintana.
Esta moción busca prohibir aportes estatales directos o indirectos a personas naturales o jurídicas que persigan fines de lucro en materia de educación escolar; prohibir que los Centro de Formación Técnica y los Institutos Profesionales puedan ser personas jurídicas con fines de lucro, y limitar las relaciones societarias que puedan tener las instituciones de educación superior con personas jurídicas con fines de lucro.
El 16 de agosto de 2011 los senadores Carlos Cantero, Alberto Espina, Hernán Larraín, Jaime Quintana y Andrés Zaldívar, presentaron un proyecto de reforma constitucional para asegurar la calidad de la Educación, agregando en la Constitución la obligación del Estado de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles “mediante el establecimiento de estándares de calidad”. La moción continúa en primer trámite.
Otras dos mociones parlamentarias, refundidas en un solo proyecto, apuntan a exigir que los establecimientos educativos que reciban recursos del Estado ejerzan Transparencia, es decir, que por obligación depositen en su sitio web u otros mecanismos información relevante sobre sus actos, de manera que los ciudadanos puedan consultarla libremente. También cumple su primer trámite en el Senado.
Propuestas del Ejecutivo
Durante el presente año, el Poder Ejecutivo trató de refundir varias iniciativas en un solo proyecto sobre calidad y financiamiento de la Educación, pero esta idea fue rechazada por los parlamentarios y el proyecto quedó estancado en su tramitación.
En paralelo, la Secretaría General de la Presidencia ingresó un nuevo proyecto de ley para perfeccionar el sistema educacional, el que todavía cumple su primer trámite legislativo en el Senado. Se trata del mensaje presidencial que crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y reemplaza los mecanismos de financiamiento creados a través de los fondos solidarios de créditos universitarios y del sistema de créditos para estudios superiores garantizados por el Estado.
Esta iniciativa pretende que, con la creación de un sistema único, se termine con “las injustificadas diferencias entre los modelos vigentes y otorgar condiciones de pago muy favorables para los estudiantes”.
En primer trámite se encuentra también el proyecto de ley ingresado el 22 de noviembre de 2011 por el Ejecutivo, para crear una Superintendencia de Educación. Esta iniciativa modifica la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en lo que se refiere a las normas sobre información que deben entregar las instituciones de educación superior y modifica la Ley General de Educación para obligar a las universidades no estatales a incorporar en sus órganos de dirección a directores independientes y regular las operaciones que se efectúen entre las universidades y sus personas relacionadas.
En tanto, en la Cámara de Diputados se tramita desde el 13 de diciembre de 2011 el proyecto de ley que establece la desmunicipalización de la educación escolar pública y crea en cambio, agencias públicas de educación local y establece otras normas de fortalecimiento de la educación estatal.
Según la propuesta del Ejecutivo, en primer trámite, las agencias públicas serán entidades autónomas que contarán con todas las atribuciones para gestionar los establecimientos educacionales desde el punto de vista administrativo, financiero y pedagógico. Tendrán carácter descentralizado y con giro único educacional, pudiendo agrupar el servicio educativo de más de una comuna.
Carrera Docente
Aunque no responde directamente al movimiento estudiantil, el proyecto de ley del Ejecutivo que promueve el perfeccionamiento profesional de los profesores del sector municipal –también conocido como “Carrera Docente”- también se sumó a la agenda de los parlamentarios en materia de Educación.
El texto ingresó a trámite el 7 de marzo de 2012 y actualmente es analizado en primer trámite por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con urgencia simple.
Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
No hay comentarios.:
Publicar un comentario